domingo, 17 de julio de 2011

Diálogo social: entre la crisis y el lobby


El diálogo social es una forma de poder sindical. Es decir, de poder contractual de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Sin diálogo social, también se hacen normas, sólo que sin poder condicionarlas. Sin ámbito deliberativo, transaccionable. En definitiva, sin espacio para poder plantear propuesta. Y no me refiero a exponer o gritar esa propuesta, sino a ejercerla. Matizada si se quiere, como es el resultado de cualquier negociación, pero útil, realizable.

En tiempos en los que lo posible se pretende imponer como consecuencia fatal del contexto, este ámbito de confrontación con voluntad de terminar en pacto es sin duda, importante. En este sentido me parece, sin duda, una institución a reivindicar por el movimiento sindical.

Sin embargo el diálogo social está tocado. No puede negarse que el hecho de que la mayor parte de las reformas que están reconfigurando nuestro armazón legal en el plano laboral, se haga sin acuerdos, es un problema. Un problema de eficacia de las reformas, como el tiempo está poniendo de manifiesto, de desequilibrio en las mismas, pero también de vigencia del propio marco de diálogo social. Atravesamos en un momento histórico donde el propio poder real de las instituciones, de los Estados, aparece profundamente condicionado por los llamados mercados. Sería ingenuo pensar que una herramienta de mejora cualitativa de ese poder democrático no sufriese una crisis de operatividad y quizás de legitimación.

Las instituciones de participación sociolaboral aparecen menos útiles cuando más necesarias son. No es ajena a esta situación la actitud que las organizaciones empresariales (o parte sustancial de éstas) han tenido en los últimos procesos de negociación, especialmente el referido a la negociación colectiva. Es más que probable que un sector patronal muy influyente entienda que es momento de que palidezcan los ámbitos de discusión tripartitos o bipartitos entre representantes de la ciudadanía, de los empresarios y de los trabajadores. Prefieren actuar como grupo de presión exclusivo que en espacios compartidos.
Además, en este momento de cuestionamiento de la propia institucionalidad vigente, las organizaciones sindicales podemos estar sufriendo una especie de desgaste de imagen por inducción. Si las instituciones se perciben lejanas, los gobiernos ejercen al dictado de exigencias externas, ademocráticas… se puede preguntar cabalmente ¿qué sentido tienen espacios de discusión que condicionen esas políticas si quién las ejerce no es autónomo, porque no puede o porque no quiere?

En Euskadi hemos conocido ese discurso promovido especialmente desde instancias sindicales y con complicidades en las Administraciones Públicas. Sólo en los dos últimos años, hemos podido ejercer una especie de prueba piloto sobre el recorrido de un marco de diálogo social en el país. En las peores condiciones de crisis, deficiencia competencial, acoso externo… El resultado es evidentemente limitado pero meritorio. Tiene un valor principal que es abrir la posibilidad de la discusión y del trabajo en común entre distintos e incluso entre enfrentados. Algunas medidas concretas y sobre todo, el grado de participación en la decisión sobre las políticas activas de empleo en Euskadi son hitos relevantes.

Por otro lado, el “frente del no” promovido por la DSV (Demagogia Sindical Vasca) tiene más que ver con otras cosas. Una apuesta política por deslegitimar el autogobierno vasco por un lado; un esquema que pretende una relación exclusiva, excluyente y entre bambalinas entre quien ejerce de sol en esa galaxia de la DSV y las instituciones, por otro. El resto de los planetas, satélites y estrellas fugaces ahí andan, girando en movimientos de traslación, de rotación… o los dos a la vez.

Pero más allá de nuestras especificidades, no cabe duda de que el marco del diálogo social, tan ligado al modelo de estado social impulsado en la segunda mitad del siglo XX, los consensos que se forjaron en torno a las políticas keynesianas y el desarrollo de ámbitos públicos que generasen cohesión social y externalidades positivas al propio sistema, está cuestionado. Por tanto, debemos repensar en él. No creo que sea inteligente pretender enterrarlo para soltar lastre de “institucionalidad sindical”.

No hay alternativa. Si el sindicalismo abandona poder contractual donde lo tiene, por más tocado que esté el modelo, estará en peores condiciones de ganarlo en los ámbitos, formatos o espacios que puedan venir o podamos ganar. La reflexión debe ir encaminada hacia como hacerlo compatible con un sindicalismo de proximidad a la gente; como un elemento central pero no único en la capacidad de la sociedad de influir democráticamente en el gobierno de lo común. ¿Por qué no un diálogo social abierto y relacionado con otras iniciativas de carácter social con la que tengamos puntos en común? Trabar alianzas, lobby social a fin de cuentas.

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