Suele
ser un lugar bastante común entre las izquierdas de estos lares repudiar la
constitución o más bien los propios hechos constitucionales. Se suelen
considerar como cuerpos normativos que institucionalizan un orden social y económico injusto. Algo así
como la superestructura marco creada por quienes ejercen el poder fáctico
económico cuando las constituciones (por ejemplo la del 78) se promulgan.
Nunca
me ha parecido un análisis muy lúcido.
Las constituciones, los hechos constituyentes definen un cuerpo
normativo que regula la relación entre los poderes del estado y estos con la
sociedad. Una condición sine que non
para poder aspirar siquiera a regular, controlar o establecer una relación
dialéctica con el poder económico. Es decir, puede que una constitución no sea
condición suficiente (no lo es) pero si necesaria para establecer un modelo
social y democrático.
Creo
que lo que nos está pasando en este crisis en parte tiene que ver con esto.
Empecinados en pensar que lo institucional era el reflejo de los intereses de
los poderosos, la globalización económica y la construcción monetaria y no
política ni económica de Europa nos ha pillado a la izquierda en un alegre
certamen de coros y danzas regionales.
En
efecto, la infraestructura, la evolución hegemónica de determinadas fuerzas
productivas (aunque quizás sea un piropo excesivo llamarlas eso en este caso)
han determinado la superestructura. Pero en este caso más bien han determinado
la no-superestructura. Es decir una auténtica De-constitucionalización de su
ámbito de actuación para que se ejerza un papel de predominio fáctico de esas
fuerzas productivas (financieras y acumuladoras/subastadoras de capital).
Por
eso ahora mismo los estados nación y sus constituciones empiezan a ser
simbología más que otra cosa. Ya no se gobierna desde parlamentos sino desde
troikas. Por eso una constitución de supuesta rigidez como la española se modifica
en un pispás para limitar las
opciones de política económica en lo que cae el sol en la playa del Palmar. Por
eso el 67% de los españoles dice en una encuesta del CIS que está insatisfecho
con la democracia. Por eso hoy he declinado la invitación a leer un artículo de
la Constitución por parte de la Delegación del Gobierno.
Por
eso y porque si me toca leer el artículo 7, del título Preliminar, el que habla
de que los sindicatos como contribuidores a la promoción de los intereses
económicos y sociales que les son propios, o el 131.2 en el que se reconoce la
participación sindical en la planificación de la economía, o bien me da la risa
tonta, o bien emulo a mi compañero Javier López, Secretario General de CCOO de Madrid.
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